LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.
La inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior es un hecho bastante reciente y en el que se han conjugado diversos factores internos y externos a los sistemas educativos. “A los ‘estudiantes con discapacidad’, desde hace tiempo, se les han negado las oportunidades de cursar los estudios superiores en todo el mundo”. Además, todavía hace falta mucho trabajo de investigación e intervención para transformar las condiciones que los excluyen.
Desde hace poco más de dos décadas, la equidad y la igualdad de oportunidades se han convertido en dos temas centrales para las políticas de educación superior en México. El acceso a los servicios educativos, como parte de los bienes sociales y del compromiso de los Estados nacionales, nos lleva al análisis de cuestiones más amplias relacionadas con la justicia social. Sin embargo, la educación es un bien que dista mucho de los objetos físicos que podemos acumular y su apropiación también difiere de la que hacemos con las propiedades materiales, de ahí la enorme complejidad para tratar la justicia en el ámbito educativo (Latapí, 1993).
En la educación superior, una dificultad adicional es que, aunque se reconocen los efectos positivos que tiene para la movilidad social, las tasas de retorno y el bienestar general de las personas (Bracho, 2005), no es constitucionalmente obligatoria, lo que significa que, de modo necesario, habrá personas que, aunque tengan el perfil o cumplan con los requisitos institucionales, quedarán fuera de ella.
El problema es que en México, como en muchos otros países, existen grandes desigualdades en las condiciones de vida de los sujetos que las instituciones educativas tienden a reproducir y, como en un círculo vicioso, se prolongan de nuevo como desigualdades sociales (Connell, 1997). La pobreza, el género, el lugar de residencia, la edad y la pertenencia a una etnia son algunas de las variables que han producido y reproducido la inequidad y la exclusión en la educación superior (Bracho, 2005). Existen, además, otros factores que inciden en esta problemática y cuyos efectos en la población en edad de cursar la educación superior han sido poco analizados, como la violencia, la migración y la discapacidad.
En particular, las personas con discapacidad son un grupo que hasta hace algunos años estuvo prácticamente excluido de la formación terciaria. Su paulatino ingreso a este nivel educativo fue el resultado de dos grandes fenómenos: la discusión internacional a favor de sus derechos y la ampliación de sus oportunidades educativas. En este artículo, hacemos un análisis del proceso que implicó la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en nuestro país. Concluimos que, a pesar de la importancia que ha cobrado este tema, es necesario que las instituciones hagan un mayor esfuerzo por integrar sus diferentes medidas y estrategias en una política institucional que contribuya a mejorar las posibilidades de ingreso, permanencia y egreso de este sector de la población.
El tema de la inclusión de las personas con discapacidad empezó a formar parte de la discusión internacional a partir de las conferencias mundiales de Educación para Todos de Jomtien (UNESCO, 1990) y sobre Necesidades Educativas Especiales de Salamanca (UNESCO, 1994). En la primera, el principal objetivo fue la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, la universalización del acceso a la educación y el fomento a la equidad. Para lograrlo, el Marco de Acción proponía mejorar la calidad de la educación a través de estrategias eficientes y de bajo costo que permitieran solventar las necesidades de aprendizaje y potenciar el desarrollo genuino de las personas, en especial de aquellas pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos (UNESCO, 1990).
Finalmente, entre los principales problemas que, hasta ese momento, se enfrentaban para ampliar el acceso y la permanencia de este sector de la población estaban:
· La organización de la educación básica y media superior, las cuales funcionaban como una especie de tamiz para los estudiantes con discapacidad, lo que reducía sus probabilidades de llegar a los estudios superiores.
· La insuficiencia de las políticas públicas para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en las convenciones y acuerdos internacionales y las propias legislaciones nacionales, o para concretar los planes y programas institucionales.
· La incidencia de las variables socioeconómicas en el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad, abonado muchas veces por la falta de voluntad política de las autoridades universitarias para impulsar cambios al interior de las instituciones.
· La permanencia de múltiples barreras de tipo pedagógico, comunicacional, actitudinal y arquitectónico, dentro y fuera de los establecimientos de educación superior,
· El uso insuficiente de las tecnologías de la información y la comunicación en la diversificación de la oferta institucional, como por ejemplo los programas a distancia que podrían ser una alternativa para ampliar las oportunidades de la población con discapacidad.
· La poca centralidad otorgada a las propias personas con discapacidad, a sus necesidades y expectativas, dada la persistencia de enfoques asistencialistas o altruistas en los programas y servicios institucionales.
· El desconocimiento que, en general, se tenía del número y las condiciones en que vivían las personas con discapacidad, debido a la ausencia de registros e información estadística (Moreno, 2005).
ESTRATEGIAS DE LA INCLUSIÓN:
En México, la inclusión educativa de las personas con discapacidad ha sido un campo poco desarrollado, tanto en las políticas públicas como en la investigación académica (Gamio, 2009). Si bien la primera escuela de educación especial se fundó en los albores del Estado liberal mexicano, en 1867, durante décadas, los servicios educativos dirigidos a este colectivo se sustentaron en modelos médico-rehabilitadores o normalizadores-asistencialistas (Brogna, 2009) que ofrecían muy pocas posibilidades para su desarrollo personal e inclusión social.
Como ya señalamos, México tuvo su Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad hasta 2005 y aunque a la fecha no existe un marco normativo para sancionar su ingreso y permanencia en la educación terciaria, en el capítulo III de la señalada ley se establece que el Estado mexicano está obligado a “… Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa” (DOF, 2005, p. 12). De lo que se colige que en este compromiso estaría comprendida la educación superior.
Hasta ahora, las principales estrategias de inclusión han estado dirigidas básicamente hacia los siguientes rubros:
· Incorporación de la problemática de la discapacidad en los planes institucionales de desarrollo.
· Elaboración de lineamientos específicos para la atención de los estudiantes con discapacidad o implementación de programas para la inclusión.
· Integración y apertura de unidades o departamentos de atención y servicios a los estudiantes con discapacidad.
· Firma de convenios con instancias gubernamentales, comisiones de derechos humanos, otras instituciones de educación superior y asociaciones de la sociedad civil.
· Desarrollo de intervenciones psicológicas, de aprendizaje o de habilidades sociales.
· Adecuaciones a las actividades o prácticas de las asignaturas y seminarios.
· Implementación de grupos de apoyo académico con estudiantes de semestres más avanzados o prestadores de servicio social.
· Oferta de programas educativos en línea para estudiantes con discapacidad.
· Otorgamiento de becas a los estudiantes con discapacidad.
· Adecuaciones arquitectónicas de los espacios institucionales (rampas, senderos, regularización de banquetas, designación de cajones de estacionamiento y sanitarios para personas con discapacidad, instalación de elevadores y barandas).
· Emisión de manuales y lineamientos de arquitectura incluyente.
· Diseño de mapas de desplazamiento para las personas con discapacidad.
· Instalación de señalética en relieve, visual o en braille.
· Cambios de aulas para aquellos grupos o cursos a los que asisten estudiantes con discapacidad.
· Captura digital, auditiva o en braille de la información de bibliotecas y centros de documentación.
· Oferta de programas de posgrado, diplomados y cursos de formación continua sobre inclusión educativa y atención de las personas con discapacidad a profesores y público en general.
· Elaboración de censos sobre la población estudiantil con discapacidad.
· Bolsa de trabajo universitaria para las personas con discapacidad.
· Organización de actividades académicas sobre inclusión educativa y otros temas relacionados con la atención a las personas con discapacidad.
· Cápsulas informativas y campañas de sensibilización sobre la discapacidad y la inclusión educativa.
· Difusión de los temas de inclusión y discapacidad en medios impresos y electrónicos.
· Asistentes para la lectura del examen de admisión o impresión en braille.
Tienes razón con lo que explicas en tu información. Porque tiene derecho a estudiar y a especializarse en una profesión, recordemos que todos tenemos los mismos derechos a la educación. Ser inclusivos es algo que debemos de aprender más a menudo.
ResponderEliminarMuy buen trabajo, sabemos que ahora en la actualidad debemos incluir a todas las personas sin importar su discapacidad, color, lenguaje, etc, la educación es laica y gratuita, todos tenemos derechos a la educación y la inclusión es un principio para propiciar una buena educación.
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